Las autoridades conocían desde hacía cinco semanas la denuncia de la activista y no hicieron nada hasta su difusión.
Más que un ágil flujo de decisiones, diligencias y peritajes, el
proceder de la justicia en algunas regiones de México sugiere todo lo
contrario. Apatía, desidia, desdén. Este domingo, el diario La Jornada
desvelaba el presunto caso de violación que sufrió la activista Yndira
Sandoval en el Estado de Guerrero. Ocurrió en septiembre, en la ciudad
de Tlapa. Según la denuncia que presentó ante la fiscalía, Sandoval,
activista por los derechos de las mujeres, fue a Tlapa a dar una
conferencia el 16 de septiembre. Durante su estancia allí, un patrulla de policías la detuvo, se la llevaron a la comisaría y una vez allí, una agente la violó.
Sandoval denunció lo ocurrido al día siguiente. En la nota de La Jornada, la activista refiere los detalles de la presunta violación, además de los malos tratos a que le habrían sometido los funcionarios que le tomaron la denuncia.
Ante la divulgación del caso, la fiscalía estatal, bajo la dirección de Xavier Olea, explicaba horas más tarde que la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales investiga el asunto. Este lunes, consultado por EL PAÍS, el vocero de seguridad estatal, Roberto Álvarez, ha informado sin embargo de que Olea "ha instruido" a Delitos Sexuales a que mande el expediente a la titular de la Fiscalía Especializada en atención a Defensores de Derechos Humanos, Rigoberta Román. Álvarez ha explicado que esta decisión se debe a que "el expediente se quedó durmiendo el sueño de los justos". El vocero ha matizado que "de manera irresponsable, no se aceleró la investigación".
Rosalinda Pimentel, portavoz de Yndira Sandoval, ha explicado igualmente que en estas cinco semanas, la fiscalía de Guerrero no ha hecho nada.
La violencia contra las mujeres en México ha alcanzado niveles de alarma en buena parte del país. Este lunes ha trascendido que dos hombres mataron a su jefa en Tlaxcala simplemente por serlo, porque no querían aceptar órdenes de una mujer. En las últimas semanas, el país ha asistido a un reguero de casos, cada cual más oprobioso que el anterior: el asesinato de la universitaria veracruzana Mara Castilla, presuntamente a manos de su conductor del servicio de taxi Cabify; el homicidio de la joven Victoria Pamela en la Ciudad de México, al parecer a manos de su novio; la exigencia del tribunal de justicia de la capital de calificar de feminicidio la muerte de Lesvy Berlín, cuando la fiscalía dijo que se trataba de un suicidio...
No es solo la violencia contra la mujer, sino también la respuesta de las autoridades y muchas veces de la misma sociedad. En el caso de Lesvy, por ejemplo, la fiscalía prácticamente la culpaba de su muerte, explicando que ya no estudiaba y que había estado bebiendo y drogándose el día en que la mataron. La directora de comunicación de la institución acabó por dimitir.
La situación de Yndira Sandoval resulta parecida, precisamente por la respuesta de la fiscalía de Guerrero. EL PAÍS ha contactado con la fiscal Rigoberta Román, de atención a defensores de derechos humanos. Román ha dicho que ella conocía el caso de Yndira antes de la publicación de La Jornada, pero no ha encontrado una explicación a la pregunta de por qué no atrajeron el caso nada más lo conocieron.
-Ustedes sabían de la existencia del caso y, sin embargo, su coordinación no lo atrae hasta hoy, ¿por qué?
- ¿Usted conoce nuestro estado de Guerrero?
- Sí, lo conozco.
- Chilpancingo [la capital] está a cuatro horas de distancia del lugar [Tlapa].
Se iniciaron todos los procedimientos y todas las pruebas que están en ese comunicado de prensa [el que divulgó la fiscalía el domingo]. Posteriormente, se hace un análisis y en ese momento se toma una decisión para continuar con el procedimiento (...) Hemos estado en coordinación.
- Pero ha pasado un mes, ¿cómo puede ser que ustedes no hayan atraído el caso hasta que la prensa se les ha echado encima?
- No, eso yo creo que... Digo y, con todo respeto lo comento. A lo mejor puede ser que únicamente, y en relación al nombre de trasladar el tema, aquí lo importante y lo central es que se está investigando.
Son situaciones muy delicadas, que en un momento determinado y usted lo debe saber, en la cuestión de investigación hay datos que no se pueden proporcionar. E incluso permítame hacerle una cuestión, la defensora de DDHH ha hecho visible este caso y ha hecho visible un nombre, y eso sí es importante que pueda ayudar, pero también pone en una situación, digamos de un poquito de riesgo.
Román ha explicado que en tres días podrán informar, ahora sí, sobre avances en la investigación. También ha dicho que la activista goza de medidas de protección desde la denuncia.
Rosalinda Pimentel, la vocera de Yndira, justifica que quizá la fiscal ha tenido demasiadas cosas encima y que ella misma "está en riesgo". De hecho, dice, "ella nos dirigió al sistema de atención a víctimas, un consejo civil, adscrito a la Procuraduría General de la República, PGR. También fuimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, hace dos semanas y a partir de ellos se agilizó el caso. La CNDH pidió a PGR que atrajera el caso y aumentara las medidas de seguridad. Porque incluso aquí, en la Ciudad de México, la llamaron con amenazas y allanaron su domicilio en dos ocasiones y su vehículo".
Sandoval denunció lo ocurrido al día siguiente. En la nota de La Jornada, la activista refiere los detalles de la presunta violación, además de los malos tratos a que le habrían sometido los funcionarios que le tomaron la denuncia.
Ante la divulgación del caso, la fiscalía estatal, bajo la dirección de Xavier Olea, explicaba horas más tarde que la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales investiga el asunto. Este lunes, consultado por EL PAÍS, el vocero de seguridad estatal, Roberto Álvarez, ha informado sin embargo de que Olea "ha instruido" a Delitos Sexuales a que mande el expediente a la titular de la Fiscalía Especializada en atención a Defensores de Derechos Humanos, Rigoberta Román. Álvarez ha explicado que esta decisión se debe a que "el expediente se quedó durmiendo el sueño de los justos". El vocero ha matizado que "de manera irresponsable, no se aceleró la investigación".
Rosalinda Pimentel, portavoz de Yndira Sandoval, ha explicado igualmente que en estas cinco semanas, la fiscalía de Guerrero no ha hecho nada.
La violencia contra las mujeres en México ha alcanzado niveles de alarma en buena parte del país. Este lunes ha trascendido que dos hombres mataron a su jefa en Tlaxcala simplemente por serlo, porque no querían aceptar órdenes de una mujer. En las últimas semanas, el país ha asistido a un reguero de casos, cada cual más oprobioso que el anterior: el asesinato de la universitaria veracruzana Mara Castilla, presuntamente a manos de su conductor del servicio de taxi Cabify; el homicidio de la joven Victoria Pamela en la Ciudad de México, al parecer a manos de su novio; la exigencia del tribunal de justicia de la capital de calificar de feminicidio la muerte de Lesvy Berlín, cuando la fiscalía dijo que se trataba de un suicidio...
No es solo la violencia contra la mujer, sino también la respuesta de las autoridades y muchas veces de la misma sociedad. En el caso de Lesvy, por ejemplo, la fiscalía prácticamente la culpaba de su muerte, explicando que ya no estudiaba y que había estado bebiendo y drogándose el día en que la mataron. La directora de comunicación de la institución acabó por dimitir.
La situación de Yndira Sandoval resulta parecida, precisamente por la respuesta de la fiscalía de Guerrero. EL PAÍS ha contactado con la fiscal Rigoberta Román, de atención a defensores de derechos humanos. Román ha dicho que ella conocía el caso de Yndira antes de la publicación de La Jornada, pero no ha encontrado una explicación a la pregunta de por qué no atrajeron el caso nada más lo conocieron.
-Ustedes sabían de la existencia del caso y, sin embargo, su coordinación no lo atrae hasta hoy, ¿por qué?
- ¿Usted conoce nuestro estado de Guerrero?
- Sí, lo conozco.
- Chilpancingo [la capital] está a cuatro horas de distancia del lugar [Tlapa].
Se iniciaron todos los procedimientos y todas las pruebas que están en ese comunicado de prensa [el que divulgó la fiscalía el domingo]. Posteriormente, se hace un análisis y en ese momento se toma una decisión para continuar con el procedimiento (...) Hemos estado en coordinación.
- Pero ha pasado un mes, ¿cómo puede ser que ustedes no hayan atraído el caso hasta que la prensa se les ha echado encima?
- No, eso yo creo que... Digo y, con todo respeto lo comento. A lo mejor puede ser que únicamente, y en relación al nombre de trasladar el tema, aquí lo importante y lo central es que se está investigando.
Son situaciones muy delicadas, que en un momento determinado y usted lo debe saber, en la cuestión de investigación hay datos que no se pueden proporcionar. E incluso permítame hacerle una cuestión, la defensora de DDHH ha hecho visible este caso y ha hecho visible un nombre, y eso sí es importante que pueda ayudar, pero también pone en una situación, digamos de un poquito de riesgo.
Román ha explicado que en tres días podrán informar, ahora sí, sobre avances en la investigación. También ha dicho que la activista goza de medidas de protección desde la denuncia.
Rosalinda Pimentel, la vocera de Yndira, justifica que quizá la fiscal ha tenido demasiadas cosas encima y que ella misma "está en riesgo". De hecho, dice, "ella nos dirigió al sistema de atención a víctimas, un consejo civil, adscrito a la Procuraduría General de la República, PGR. También fuimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, hace dos semanas y a partir de ellos se agilizó el caso. La CNDH pidió a PGR que atrajera el caso y aumentara las medidas de seguridad. Porque incluso aquí, en la Ciudad de México, la llamaron con amenazas y allanaron su domicilio en dos ocasiones y su vehículo".
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