35 personas han muerto, entre ellas un bebé, en la semana más negra para la península sudcaliforniana.
35 muertos en el Estado mexicano de Baja California Sur
en siete días. 5 muertos diarios. Este es el balance de la semana más
negra, con una cifra récord (91 asesinatos solo en octubre) de una violencia que va in crescendo en los últimos meses y que ha convertido los 32 kilómetros del corredor entre los resorts de Cabo San Lucas y San José del Cabo y la propia capital, La Paz, de paraíso en la tierra a uno de los lugares más peligrosos de México.
Las balas no respetan ni a los menores. Entre las víctimas de esta última semana siniestra, un bebé de un año y tres meses que estaba con su familia el fin de semana pasado en una fonda de la colonia Guerrero en La Paz, en la que irrumpieron varios sujetos armados que también abatieron a otro hombre. El menor falleció en el hospital. En total, otras 21 personas fueron asesinadas a tiros en siete días en comercios de la capital, en las calles o en sus propias viviendas, según ha informado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El episodio más inquietante ocurrió el lunes, 16 de octubre, cuando un comando acribilló a un hombre que se encontraba en el estacionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR). La víctima resultó lesionada, pero lo que más alarmó a los vecinos fue que en esa zona no solo están las oficinas de la PGR, sino los juzgados, las oficinas de la Procuraduría estatal y el Centro de Reinserción Social (Cereso), equipados todos con cámaras de seguridad y vigilancia permanente. Aún así, los agresores huyeron. Mientras, en las calles de Los Cabos, la violencia siguió dejando su rastro en las zonas turísticas, donde los menús están escritos en inglés y se puede pagar directamente en dólares. En esta ocasión, se han contabilizado 13 homicidios, entre ellos el de una mujer.
La sensación de inseguridad en lo que otrora fue un paraíso de calma en medio de la sangría que azota México es tal que centenares de personas se manifestaron el pasado sábado en Los Cabos, en la plaza Antonio Mijares. "No quiero ser un daño colateral" y "Paz para nuestro paraíso" rezaban los carteles que portaban los manifestantes, que acudieron a la convocatoria a través de las redes sociales, y exigieron a las autoridades mayores medidas de seguridad y una estrategia efectiva. Hubo una manifestación similar, aunque menos numerosa, en La Paz.
El gobernador de Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza Davis, no se ha pronunciado sobre la ola de violencia y las autoridades no han facilitado cifras de detenidos por estos hechos. Desde el mes de abril, hay más de 1.000 soldados en la zona y en Los Cabos, unos doscientos gendarmes, que no han conseguido reducir las cifras de muertes violentas, además de una inversión de 46 millones de dólares públicos y privados para aumentar la seguridad y de otros siete millones para entrenamiento de las distintas fuerzas policiales. La parte más meridional de la península californiana y sus playas kilométricas y casi vírgenes es un campo de batalla desde la detención el año pasado de Joaquín El Chapo Guzmán. Desde su arresto, el poderoso cartel de Sinaloa, dueño y señor del territorio en el que El Chapo también veraneaba junto a casi un millón de estadounidenses, se fragmentó en facciones enfrentadas que, a su vez, luchan contra el cartel Jalisco Nueva Generación.
Aunque ha habido balaceras sin víctimas en los hoteles y solo un turista estadounidense resultó herido en marzo pasado, el Gobierno de Estados Unidos emitió en verano una alerta para que sus ciudadanos no viajasen a Baja California. "En México no tenemos inseguridad como la que supone una persona disparando contra 50 en San Diego", ha asegurado recientemente el secretario de Turismo mexicano, Enrique de la Madrid. Sin embargo, hay medios locales que aseguran que se han anulado hasta 35.000 reservas de hotel en Baja California Sur para este invierno, mala noticia para un territorio que vive del turismo (16.000 plazas hoteleras, casi 5.000 en construcción, un 7% del PIB y tres hoteles de lujo a punto de abrir).
Las balas no respetan ni a los menores. Entre las víctimas de esta última semana siniestra, un bebé de un año y tres meses que estaba con su familia el fin de semana pasado en una fonda de la colonia Guerrero en La Paz, en la que irrumpieron varios sujetos armados que también abatieron a otro hombre. El menor falleció en el hospital. En total, otras 21 personas fueron asesinadas a tiros en siete días en comercios de la capital, en las calles o en sus propias viviendas, según ha informado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El episodio más inquietante ocurrió el lunes, 16 de octubre, cuando un comando acribilló a un hombre que se encontraba en el estacionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR). La víctima resultó lesionada, pero lo que más alarmó a los vecinos fue que en esa zona no solo están las oficinas de la PGR, sino los juzgados, las oficinas de la Procuraduría estatal y el Centro de Reinserción Social (Cereso), equipados todos con cámaras de seguridad y vigilancia permanente. Aún así, los agresores huyeron. Mientras, en las calles de Los Cabos, la violencia siguió dejando su rastro en las zonas turísticas, donde los menús están escritos en inglés y se puede pagar directamente en dólares. En esta ocasión, se han contabilizado 13 homicidios, entre ellos el de una mujer.
La sensación de inseguridad en lo que otrora fue un paraíso de calma en medio de la sangría que azota México es tal que centenares de personas se manifestaron el pasado sábado en Los Cabos, en la plaza Antonio Mijares. "No quiero ser un daño colateral" y "Paz para nuestro paraíso" rezaban los carteles que portaban los manifestantes, que acudieron a la convocatoria a través de las redes sociales, y exigieron a las autoridades mayores medidas de seguridad y una estrategia efectiva. Hubo una manifestación similar, aunque menos numerosa, en La Paz.
El gobernador de Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza Davis, no se ha pronunciado sobre la ola de violencia y las autoridades no han facilitado cifras de detenidos por estos hechos. Desde el mes de abril, hay más de 1.000 soldados en la zona y en Los Cabos, unos doscientos gendarmes, que no han conseguido reducir las cifras de muertes violentas, además de una inversión de 46 millones de dólares públicos y privados para aumentar la seguridad y de otros siete millones para entrenamiento de las distintas fuerzas policiales. La parte más meridional de la península californiana y sus playas kilométricas y casi vírgenes es un campo de batalla desde la detención el año pasado de Joaquín El Chapo Guzmán. Desde su arresto, el poderoso cartel de Sinaloa, dueño y señor del territorio en el que El Chapo también veraneaba junto a casi un millón de estadounidenses, se fragmentó en facciones enfrentadas que, a su vez, luchan contra el cartel Jalisco Nueva Generación.
Aunque ha habido balaceras sin víctimas en los hoteles y solo un turista estadounidense resultó herido en marzo pasado, el Gobierno de Estados Unidos emitió en verano una alerta para que sus ciudadanos no viajasen a Baja California. "En México no tenemos inseguridad como la que supone una persona disparando contra 50 en San Diego", ha asegurado recientemente el secretario de Turismo mexicano, Enrique de la Madrid. Sin embargo, hay medios locales que aseguran que se han anulado hasta 35.000 reservas de hotel en Baja California Sur para este invierno, mala noticia para un territorio que vive del turismo (16.000 plazas hoteleras, casi 5.000 en construcción, un 7% del PIB y tres hoteles de lujo a punto de abrir).
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