Prisión preventiva para el presidente del Cómite Olímpico Brasileño por la compra de votos de Río 2016

 

La Justicia Federal de Brasil decretó hoy la prisión preventiva de Carlos Arthur Nuzman, jefe del comité organizador de los Juegos de Río de Janeiro 2016, según informaron este martes medios locales.

Nuzman, de 75 años, que también ocupa el cargo de presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB) desde 1995 y del que está licenciado desde el sábado como consecuencia de esta investigación judicial, está acusado de haber participado en una trama internacional de compra de votos en la elección de Río como sede olímpica.

El dirigente deportivo está detenido desde el jueves, cuando fue arrestado por la Policía en su domicilio del barrio de Leblon en la ciudad de Río de Janeiro, pero hasta hoy su prisión era temporaria. Con la transformación en preventiva por parte del juez Marcelo Bretas, Nuzman permanece detenido sin un plazo estipulado para recobrar su libertad.

"Pueden interferir en la investigación"

Asimismo, el juez Bretas también decidió hoy renovar la prisión temporaria de Leonardo Gryner, brazo derecho de Nuzman y jefe de marketing de Río 2016, quien también había sido detenido el jueves en el marco de la misma investigación. Según el periódico Folha de Sao Paulo, Bretas tomó la decisión de decretar la detención preventiva de Nuzman y extender la temporaria de Gryner porque consideró que ambos "pueden interferir en la investigación".
El periódico informó que el magistrado tomó en consideración para tomar su decisión sobre Nuzman un correo electrónico descubierto por los investigadores de la Policía y la Fiscalía, según quienes el dirigente habría autorizado el 25 de septiembre, semanas después de que fuera llevado a declarar en el marco de la misma causa, el pago de más de 1.700.000 de dólares con recursos del Comité Organizador a un estudio de abogacía para su representación.
La prisión de Nuzman y Gryner se dio en el marco de la operación Unfairplay, una investigación judicial internacional iniciada en Francia, que puso la mira en los posibles sobornos que Río 2016 pagó a miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI).

Dos millones para votar a Río 2016

De acuerdo a la investigación, el empresario Arthur Soares, quien está prófugo desde hace más de un mes y tiene pedido de captura internacional en Interpol, pagó a Papa Massata Diack, hijo de Lamine Diack, quien entonces era presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), un soborno por dos millones de dólares para que votara por la candidatura de Río.

La Fiscalía y Policía de Brasil indicaron el jueves que un correo electrónico -que sería de Papa Diack y en el que Nuzman y Gryner estarían en copia-, en el que el africano pediría un pago en noviembre de 2009, sería la prueba de que ambos están involucrados en la trama de compras de votos.
Río de Janeiro fue elegida como sede olímpica en octubre de 2009 en Copenhague, en una votación en la que se impuso a Madrid, Tokio y Chicago. Fueron los primeros Juegos Olímpicos que viajaban a Sudamérica.

Para los investigadores, Nuzman y Gryner serían los responsables de garantizar el primer paso para que esta organización pudiera operar: lograr que Río fuera elegida como sede olímpica durante el congreso del Comité Ejecutivo de la entidad en 2009.

Aumento de un 457% en su patrimonio

Según la Fiscalía, los dos dirigentes deportivos integraban esta "organización criminal" con políticos y empresarios de la ciudad, que se benefició con la sobrefacturación de obras y servicios de los Juegos de 2016.

Asimismo, según los investigadores, Nuzman habría aumentado su patrimonio en un 457 por ciento entre 2006 y 2016, mientras que declaró ante las autoridades fiscales de Brasil 16 lingotes de oro de un kilo depositados en Suiza y valorados en casi 650.000 mil dólares solo después de que fuera interrogado hace exactamente un mes por esta misma investigación.
Por el escándalo, el COI suspendió el viernes a Nuzman de sus funciones en la institución y al COB como integrante de la entidad olímpica.

Esta operación es parte también de la megacausa Lava Jato ("Lavado de Autos"), el proceso anticorrupción que investiga desde hace más de tres años tramas de corrupción entre empresarios y políticos en Brasil.